
El congresista y ex ministro toledista Carlos Bruce, alegoso como siempre, argumenta que la acusación constitucional interpuesta por el congresista Javier Velásquez Quesquen contra el ex Presidente Alejandro Toledo y dos de sus ex ministros, "es la oficialización de la persecución política contra el ex Presidente con el objeto de impedir su candidatura el 2011".
Una cosa es que las mieles del poder hayan dejado en Carlos Bruce el ferviente deseo de volver a gozarlas y otra es pretender que Alejandro Toledo y y los ex ministros Alejandro Tudela (de Justicia) y Marciano Rengifo (de Defensa) carecen de responsabilidad en la violación constitucional en que incurrieron al disponer que el Estado Peruano se allane para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sentencie al Perú y lo condene a pagar indemnizaciones por 20 millones de dólares a los deudos de los 41 terrorista ejecutados extrajudicialmente.
Alejandro Toledo y sus dos ministros deben ser procesados constitucionalmente porque, al disponer que el Estado Peruano se allane, transgredieron el Artículo 205° de la Constitución Política que a la letra dice: "Agotada la jurisdicción interna, quien se considere lesionado en los derechos que la Constitución reconoce puede recurrir a los tribunales u organismos internacionales constituidos según tratados o convenios de los que el Perú es parte".
Como se sabe, la muerte de 42 presos en el Penal Castro Castro en mayo de 1992, fue un execrable hecho mantenido en la impunidad y fuera del ámbito judicial mientras duró la dictadura de Alberto Fujimori. A la caída de este régimen corrupto y cuando ya gobernaba Alejandro Toledo; exactamente, el 26 de noviembre de 2001, se inició la investigación de los hechos ocurridos en el Penal Castro Castro; dicha investigación sufrió diversas ampliaciones dada su gran su complejidad.
Recién el 30 de mayo de 2005 se formuló la denuncia penal contra los supuestos responsables de esas ejecuciones extrajudiciales Juan Briones Dávila (Ministro del Interior), Adolfo Cuba y Escobedo (ex Director General de la PNP), Miguel Barriga Garrido (ex jefe de la División de Apoyo a la Justicia), Teófilo Vásquez Flores (responsable del operativo "Mudanza Uno"),Federico Hurtado Esquerre (ex jefe de la División de Operaciones Especiales) y otras 8 personas, por el delito de Homicidio Calificado
El 16 de junio del mismo año, el Segundo Juzgado Penal Supraprovincial abrió instrucción sobre el caso. Posteriormente, el 29 de agosto de 2006, se amplió la instrucción para comprender como procesado al ex presidente Alberto Fujimori.
Como es público y notorio, dicho proceso aún no culmina, en consecuencia no se había sentenciado a los supuestos responsables ni se había determinado judicialmente que los 42 presos hubieran sido ejecutados premeditadamente por agentes del Estado; tampoco se había determinado si la muerte de los 42 reclusos por terrorismo fue resultado del develamiento de un motín preparado por ellos.
En otras palabras no se había agotado la jurisdicción interna y siendo así ¿Por qué Alejandro Toledo y sus entonces ministros de Justicia y Defensa decidieron allanarse?
En la sentencia emitida por la CIDH, se reconoce que el Estado Peruano, a través de su agente en este caso, el abogado Marco Ayzanoa, reconocía parcialmente su responsabilidad en este caso y es muy claro que la denuncia por los sucesos del Penal Castro Castro se remitió a la CIDH en mayo de 1992 a nombre del "Comité de Familiares de Presos Políticos y Prisioneros de Guerra" representados por la abogada Mónica Feria quien tambiene stuvo presa por terrorismo.
En su denuncia, los familiares de los autodenominados "presos políticos" y "prisioneros de guerra", acusan al Estado peruano de genocidio y es a esta denuncia que se allanó el régimen toledista.
Lo cierto es la incompetencia de estos ministros toledista, los llevó a razonar que al obtener una sentencia del CIDH condenando al Estado Peruano por este "genocidio" ocurrido durante el régimen fujimorista, serviría como punta de lanza para obtener su extradición de Chile y sea procesado por delitos de lesa humanidad.
Cuando Toledo fue llevado a proceso para que reconozca a su hija Zarahí, jamás se allanó a reconocerla pues, caramba, se trataba de no compartir su patrimonio ni pagar pensión alguna; sin embargo alegremente, el y sus ministros, no tuvieron empacho en allanarse para que se paguen indemnizaciones con dinero del estado por 20 millones de dólares. Tan fácil como comprarse una colonia o una caja de whisky escocés.
Olvidaron que para perseguir a un delincuente como Fujimori, hay que perseguirlo con la ley y no violando la Constitución y regalando 20 millones de dólares, obtenidos de los impuestos de todos los peruanos.
Toledo y sus ex ministros están bien acusados constitucionalmente, deben ser procesados y sancionados como corresponde. Por lo pronto, que Carlos Bruce vaya encontrando mejor manera de sobrevivir a partir del 2011 pues según parece, Toledo no la tendrá nada fácIL.
Por: Gerardo Cabrejo
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