Opinión Libre

En los últimos días y raíz de la escasez de postulantes para presidir los organismos reguladores, se ha dicho que los topes remunerativos dispuestos por el Poder Ejecutivo para la burocracia estatal, no sólo son demagógicos y contraproducente pues impedirían captar a los mejores profesionales, sino que incluso se ha llegado a decir que dicha medida, es una torpeza sólo en apariencia, pues lo que realmente buscaría el gobierno sería alejar del estado a "técnicos calificados" para más tarde reemplazarlos, sino con apristas, por lo menos con amigos del actual régimen.

Hace muy poco, un par de funcionarios del MEF renunciaron a los puestos que ostentaban en dicho portafolio. Se dice que los señores Milton Von Hesse y Bruno Barletti dejaron las estratégicas direcciones de Programación Multianual y el Sistema Integrado de Administración Financiera pues la reducción de sueldos a menos de 15 mil soles los persuadió de aceptar propuestas laborales mejor remuneradas en el sector privado y/o en algún organismo multilateral.

Obviamente nadie puede obligar a un profesional a permanecer en un cargo cuando la remuneración que se paga por ejercerlo no corresponde a sus expectativas personales, al nivel de responsabilidad o la especialización académica que seguramente ha logrado con gran sacrifico personal y esfuerzo financiero.

Lo que si resulta una falacia es pretender que dichos profesionales son imprescindiblemente irreemplazables en el manejo de algunas dependencias del estado. Nos preguntamos si es que acaso los renunciantes ¿no trabajaban en equipo? ¿No tenían un segundo que los reemplazara cuando se enfermara o saliera de vacaciones? Es que los logros que pueda obtener la administración pública sobre todo en el ordenamiento de las finanzas estatales, la captación tributaria y la promoción de inversiones, ¿se debía única y exclusivamente a esa suerte de varita mágica que únicamente ellos poseen?

Pensamos que no es así pues se entiende que ellos, más que su probablemente sólida formación profesional, aplicaron políticas públicas diseñadas por organismos internacionales como el FMI, el BID o el Banco Mundial. ¿Qué de acuerdo a los parámetros que les fijaron, lo hicieron eficientemente? Seguro que sí; esa quizá sea la razón por la que normalmente son bien recibidos y bien remunerados en estos organismos cuando dejan de laborar para el estado.

Ahora bien, qué un profesional calificado, con maestrías o doctorados en importantes universidades americanas o europeas, sólida experiencia y dedicación a tiempo completo ¿puede y debe tener mejor remuneración que un político a quien eligió el voto popular no por sus méritos académicos? Creemos que sí, pues se entiende que un político, al postularse, lo hace animado o premunido de una supuesta vocación de servicio y moralidad que para poseerlas, no tuvo que invertir ni dinero ni esfuerzo personal pues se asume que esas dos condiciones son inherentes a la conducta todo ciudadano, más aún si este ciudadano ejerce como político, en el buen y exacto sentido de la palabra.

Caso distinto es el de aquel profesional que se especializó para luego vender al mejor precio posible sus conocimientos o la buena calidad de los servicios que brinda; lo que ciertamente también está en función de la oferta laboral y demanda que exista de esos profesionales o de sus servicios.

Que sea indispensable modificar la legislación para que la remuneración de funcionarios muy calificados no tenga porque estar subordinada a la remuneración de los políticos, no supone que los actuales funcionarios son ese inamovible oráculo que algunos nos pretenden vender para que lo mantengamos inmutable, pues lo que éstos, en verdad defienden, no es la profesionalización ni la meritocracia en la administración pública, sino la aplicación de un tipo de políticas públicas que a ellos conviene y para lo que precisan tener una suerte de cancerberos que respalden y cuiden su particular forma de aplicar el rol del estado.

A quienes consideran que estos funcionarios son inamovibles y una suerte de "sabios" insustituibles como escuchamos decir al comentarista económico de RPP, cabría preguntarles ¿Cómo así estos funcionarios ingresaron a trabajar el estado? ¿Quién los escogió y bajo qué consideraciones? ¿Por qué escogieron al Sr. A o a la Srta. B y no a X y a Z, cuando los cuatro poseían las mismas calificaciones y méritos e incluso, X y Z podían tener más o mejores méritos?

Para nadie es un secreto que el acceso a la administración pública, incluso en los cargos muy especializados, no se hace por concurso de méritos sino por alguna afinidad política o relación amical y esa es la forma como estos "insustituibles sabios" accedieron a laborar el estado.

Ejemplo sobran. Nuestra Defensora del Pueblo, cuando Jefa de la SUNAT no dudó en llevar a laborar sin concurso y bien remunerados, a su amiga de juventud, al ex esposo de esta amiga y los sobrinos de la misma amiga. Un ex Ministro de Economía que ahora labora en un organismo multilateral, no dudo en designar a una cercana "amiga" como Jefa de Superintendencia de Bienes Nacionales y por cierto, sin el menor empacho, se dice a que dicha señora le asignó una remuneración superior a ocho mil dólares.

Por cierto, casi nadie se atrevió a señalar con el dedo, la semejante "conchudez" con la que algunos mojigatos manejan el erario público. Total, son de su mismo bando o son sus amigos y cuando ello ocurre, hacen mutis por el foro para que la ciudadanía piense que estos personajes son un dechado de virtudes cívicas.

Podríamos llenar este post con los nombres de cientos de "mojigatos" y sus miles de beneficiarios, sin embargo ello no tiene ningún efecto práctico; más bien si lo tiene el exigir que se debata y apruebe de una buena vez, que la remuneración de un profesional muy especializado no tiene porque subordinarse y ser menor necesariamente a la de un político.

Debe establecerse que esa mejor remuneración no está en función de la mayor o menor confianza que se determine para el cargo, sino en función de los méritos académicos y especializaciones del funcionario. De eso modo evitaríamos que el cargo de confianza, que muchas veces se otorga a gente poco apta, sea el pretexto para dilapidar los recursos públicos en jugosas remuneraciones que a veces terminan repartiéndose con el autor del nombramiento, tal como ocurría en el gobierno toledista.

Planteada la distinción entre cargos de confianza y cargos especializados, éstos últimos deben ser cubiertos por concurso público, donde los "insustituibles sabios" de la actualidad, prueben que en verdad merecen una remuneración superior a la del Presidente de la República y demuestren en una competencia abierta que ellos deben ser los escogidos y no quienes actualmente laboran como sus segundos u otros que aspiren a reemplazarlos cuando se produzca la "fuga de talentos".

Si no es así, mejor es que se vayan pues como en toda organización y más aún, en la administración pública: Todos somos importantes pero nadie es insustituible.

Finalmente exijamos que la progresiva reforma del estado comience porque, de una vez por todas, se apruebe la ley del empleo público donde se distinga claramente q ue los niveles remunerativos son concordantes con el nivel de especialización, mas no con el nivel de confianza, así también establecer que el nivel remunerativo es mayor y distinto cuando se accede por concurso que cuando se accede por confianza.

A ver si los "insustituibles sabios" nos ayudan a mejorar estas propuestas.

Por: Gerardo Cabrejo