Opinión Libre

En comunicado público emitido el pasado 17 de Noviembre por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Pablo Saavedra Alessandri, secretario de esta corte internacional señala en relación al caso de los muertos del Penal Castro Castro que: "El 20 de febrero de 2006 el Estado presentó su escrito de contestación a la demanda y observaciones a las solicitudes y argumentos de los demandantes…"

"… en dicho escrito indicó, que "acepta el incumplimiento de la obligación general de respeto y garantía de los derechos humanos establecida en el artículo 1.1 de la Convención Americana [… ,] acepta la responsabilidad parcial en las violaciones del derecho a la vida, a la integridad física, en tanto el Poder Judicial del Perú no se pronuncie sobre la verdad histórica y detallada de los sucesos acaecidos entre el 6 y el 9 de mayo de 1992".

Es decir que el estado peruano se allanó y aceptó haber violado los derechos humanos de 42 internos muertos; 175 que resultaron heridos; y otros 322 que fueron sometidos a trato cruel, inhumano y degradante. (ver comunicado)

Pero ¿quién es el estado? Obviamente no es una entelequia pues existe jurídicamente y suponemos que al ser llevado ante una corte para ser procesado, se le procesa tal como se hace con una persona natural.

Sin embargo el Estado no actúa por sí sólo, pues si bien es el conjunto de los órganos de gobierno de un país soberano, no posee conciencia ni voluntad propias dado que sólo tiene la conciencia y ejerce la voluntad de quienes, en determinado momento, lo dirigen en representación de los nacionales de ese país.

Siendo así, ¿por qué, quienes en determinado momento representan al estado, pueden comprometerse a reconocer los crímenes cometidos por quienes representaron a ese estado en otro momento? Más grave aún ¿por qué los nacionales de un país, que no tuvimos nada que ver con los crímenes cometidos por quienes nos representaron, debemos pagar y asumir las consecuencias de una sentencia?

La reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos referida a los luctuosos sucesos del Penal Castro Castro, ocurridos en 1992 bajo la dictadura cleptómana de Fujimori, señala que debemos indemnizar a los deudos y es obvio que esas indemnizaciones cercanas a los 20 millones de dólares salen de nuestros impuestos, además, las autoridades elegidas que hoy nos representan en el Estado, deben rendir homenaje público a esas víctimas y claro está, la Corte Interamericana ha dispuesto que seamos todos los peruanos quienes rindamos homenaje a esas víctimas.

Es sabido que en las Cortes Internacionales no se procesa a individuos y sí a los estados, entonces me pregunto ¿por qué peregrina razón no se individualiza a los responsables de esos crímenes, se les condena y se les impone a ellos el pago de esa reparación económica? ¿Por qué todos los peruanos debemos pagar por los crímenes de un sátrapa?

Es claro que se violaron los derechos humanos de esas personas, pues aún, siendo terroristas condenados a prisión por sus crímenes, fueron ejecutados extrajudicialmente y ello es un delito de lesa humanidad, como igual lo fueron las ejecuciones extrajudiciales de los estudiantes y el profesor de La Cantuta, para quienes la CIDH también ha dispuesto el pago de reparaciones económicas y homenajes públicos; que, otra vez, tendremos que pagar y hacer todos los peruanos. (ver sentencia)

Quizá en este último caso no se haya activado nuestro genuino rechazo pues, por lo menos y aún cuando algunos indicios señalaban a estos estudiantes y al profesor como vinculados a la subversión, no se había demostrado judicialmente su culpabilidad respecto a algún daño causado a la sociedad peruana o algún perjuicio al estado; caso contrario a los subversivos muertos en el penal de Cantogrande donde éstos purgaban condena por delitos cometidos en contra de la sociedad peruana y del estado y por los que ninguna corte internacional ni el estado nos ha indemnizado ni rendido homenaje.

Aquí radica el motivo de nuestro indignado rechazo a esa sentencia de la CIDH y lamentablemente nada se puede hacer para volver atrás, pero si se pueden y deben revisarse las razones por las que un estado termina siendo responsable de los crímenes y delitos cometidos por individuos plenamente identificables.

Otra cosa es el allanamiento ejercido por el gobierno toledista. Es evidente que su cálculo político se orientaba a generar las condiciones para que una pronta sentencia de la CIDH sirva al objetivo de conseguir la extradición de Fujimori e incluso, a modo de carambola, comprometer a Alan García y a su Vicepresidente Luis Giampietri, a quienes sin prueba alguna, se les vincula con la muerte de los terroristas amotinados en la cárcel de El Frontón.

Pues bien, a contrapelo de lo solicitado por los abogados del estado peruano en la extradición de Fujimori, roguemos por que la Corte Suprema Chilena atienda el pedido de la defensa del "Chinochet" que desea se reabra el plazo para la presentación de nuevas pruebas. Si ello ocurre, el estado peruano podrá presentar como prueba de los crímenes de Fujimori esa sentencia de la CIDH que hoy nos causa indignación.

Luego de ello, busquemos la forma jurídica para que Fujimori y quienes lo acompañaron en su cleptocracia, sean quienes paguen, en contante y sonante, los 20 millones de dólares que cuesta reparar a los deudos de quienes murieron en el Penal Castro Castro y claro, podríamos ver la forma de que, quienes se allanaron para consentir esta esquilma del dinero de los peruanos, pongan también su cuota.

¿Qué le parece esta propuesta Sr. Toledo? ¿Sr. Olivera tiene algo que decir? ¿Y usted Sra Karp? ¿Sr Sheput, Sr. Bruce, Sr, Tudela, Sr....

Por: Gerardo Cabrejo