Opinión Libre

Luego del ultimo proceso electoral y a raíz de las encuestas "a boca de urna" que dieran los canales de TV, tres de los candidatos al gobierno regional piurano (Javier Atkins de Obras+Obras, Juan Castagnino de Unidad Nacional y Maximiliano Ruiz del Partido Nacionalista) denunciaron fraude, alegando que las primeras informaciones ubicaban al candidato de Obras+Obras con 26%, al de Unidad Nacional con 24% y al del Apra con 19%.

Posteriormente y de acuerdo al conteo de votos que hacia ONPE, el candidato aprista empezó a sumar votación del interior del departamento pasando sus competidores al segundo y tercer lugar, respectivamente.

Lo que tendría que haber sido una distorsión propia del defectuoso acopio de información que hacen las encuestadores, sea por defecto de ella u ocultamiento del sufragio por parte de los encuestados, quedó en evidencia que dichos sondeos, no son nada confiables.

Sin embargo, ateniéndonos a los resultados oficiales que procesa la ONPE, a los conatos de violencia suscitados en Piura y esa suerte de alianza que han hecho los derrotados para cuestionar el triunfo del candidato aprista, cabe hacer un breve análisis de las motivaciones que estos candidatos tendrían para cuestionar el proceso. A ellos, la prensa piurana le ha dado en llamarles, los tres chiflados. Nosotros pensamos distintos.

Algunos los pintan como los tres chiflados, tratando de ridiculizar la grita por el supuesto fraude que invocan tres ex candidatos al gobierno regional. El remoquete quizá sirva para desinflar la llanta a quienes, queriendo ganar una elección, no se dieron cuenta que se gana sumando votos y no juntándose después para llorar sobre sus ambiciones derramadas.

Ni fraude ni chiflados. Ambas cosas no parecen ciertas. Salvo aparezcan verdaderas pruebas, la primera será desvirtuada mas temprano que tarde y la segunda perderá sentido cuando nos demos cuenta de la dirección y tamaño que irá tomando ese fuego que tres derrotados quieren encender y cuya llamarada final tiene como objetivo el 2008.

Creemos que no les importa tanto demostrar un supuesto fraude. Pensamos más bien que desde ahora buscan subirse al caballo de la revocatoria, pues no han perdido de vista que el reelecto presidente regional lo ha sido con el 21% de los votos emitidos; suponiendo ello que si un 79% de piuranos no votó por él, es relativamente fácil presionar sobre la escasa legitimidad del nuevo consejo regional, para ir a ese plebiscito que es la revocatoria y contraponer, ya en un solo bolsón electoral, a ese 79% de votos esquivos para el presidente regional contra el 21% que sufragó aprobándolo.

Para ello bastará que recojan un número de firmas equivalente al 25% del número de votos que obtuvo el presidente regional y dado que la Ley 26300, de los derechos de participación y control ciudadanos, contempla que ni en el primer ni último año de mandato, es procedente la revocatoria; sería el 2008 el objetivo de quienes por ahora, parecen chiflados.

Significa que el 2007 puede ser el año en que no sólo definan entre ellos quién liderará la algarada pro revocatoria, sino también puede ser el momento de plantear cuestionamientos serios y persistentes respecto de aquellas promesas incumplidas, de la no mejora en los índices de desarrollo humano para los piuranos, de la poco clara gestión de algunos funcionarios y hasta podrían cuestionar por qué no hay agua para el Alto Piura.

Evitarlo no será sencillo, el presidente regional no debe olvidar que su legitimidad es escasa, tiene cuatro años de desgaste, requiere concertar, hacer obras de impacto en la provincia de Piura, dejar de competir con los alcaldes y deshacerse de algunos truhanes que le rodean. En suma, debe hacer cambios drásticos. Está a tiempo y Piura se lo ha dicho en las urnas. De otro modo tendremos elecciones regionales el 2008.