Opinión Libre

El fragor de la campaña electoral hace que los ciudadanos centremos nuestra miradas en encuestas y supuestas guerras sucias, distrayendo así nuestra atención de otros asuntos que quizá, no siendo interesantes desde el punto de vista periodístico, son relevantes si aspiramos a una verdadera regionalización y descentralización y por ende, deberían forma parte de la agenda de los candidatos presidenciales y en especial de quienes postulan al Congreso de la República.

Son casi tres mil ciudadanos los que, representando a las diversas agrupaciones políticas, disputan las 120 curules para el Congreso de la República. Con un par de excepciones, a ninguno de los demás se le ha escuchado una letra respecto de la regionalización.

Sea porque padecen supina ignorancia sobre el tema o quizá porque el tratamiento del mismo no les suma algunos votos en su angustiosa contabilidad electoral. Lo cierto es que ni siquiera se interesan por saber si en verdad, el Gobierno Central viene respetando la transferencia de facultades y atribuciones que, por mandato de la legislación vigente, han recibido los gobiernos regionales.

El caso que nos ocupa se ha producido en la norteña ciudad de Piura. Pues bien señores candidatos a congresistas por ese departamento, especialmente usted señor Javier Reátegui Roselló que es empresario pesquero, ha sido Ministro de la Producción y se reclama piurano por adopción. Aquí les planteamos un problema de centralismo y desearíamos propongan una solución.

Resulta que el pasado 23 de Febrero el Gobierno Regional Piura emitió la ordenanza No 093 por la cual los recursos generados por la cobranza de las multas que impone la Dirección Regional de la Producción en Piura a las actividades marítimas pesqueras artesanales, son recursos de la región. Estas multas pueden llegan a 9 UIT´s; es decir a S/. 29,700.

Lo hizo amparándose no sólo en el derecho que le reconocen las leyes 27867 y 27902 para administrar, supervisar y fiscalizar las actividades pesqueras bajo su jurisdicción, las que por cierto realiza con su personal y con su presupuesto; sino que además la propia Ley de Bases de la Descentralización, en su artículo 14º, dice que el gobierno más cercano a la población es el más idóneo para ejercer la competencia o función, por consiguiente el gobierno nacional no debe asumir aquellas que puedan ser cumplidas por los gobiernos regionales, evitándose así la duplicidad y superposición de funciones.

Pues bien, como esta ordenanza que genera recursos para Piura reduce los recursos propios que administran y convierten en bonificaciones e incentivos saláriales los burócratas del Ministerio de la Producción en Lima; han generado el rechazo de ellos a esta ordenanza y mediante una serie de artilugios legales pretenden desconocerla, negándole legalidad y legitimidad.

Según se dice en los pasillos del Ministerio de la Producción, la "osadía" del Consejo Regional piurano, puede acarrear desde una demanda de inconstitucionalidad de la ordenanza, una contienda judicial en lo contencioso administrativo hasta denuncias penales por usurpación de funciones, apropiación ilícita y peculado.

Es decir la ley de embudo, lo ancho para la burocracia centralista y lo angosto para las provincias. Eso es inequidad y angurria centralista. Faltan pocos días para las elecciones y no hemos escuchado una letra orientada a promover y reforzar la regionalización y la descentralización. Los candidatos a congresistas tienen la palabra. Especialmente usted, señor Reátegui Roselló.

Por: Gerardo Cabrejo

Publicado en el Dairo CORREO de Piura el 28.03.06